A finales de diciembre de 1980 se realizó la más grande de las reformas educacionales que haya sufrido Chile. El contexto ideológico lo proporcionó un grupo de selectos economistas, post graduados de la Universidad de Chicago, a los que la prensa denominaba por aquellos tiempos como Chicago Boys. Fueron estos, quienes construyeron las bases ideológicas y legales del modelo neoliberal que se impuso por la fuerza a una sociedad atemorizada. Este modelo aún perdura en nuestro país y se constituye en la principal causa de que encabecemos la lista de los países con mayores desigualdades del planeta.
Bajo este modelo se entregó a las municipalidades la gestión de la educación pública, se destruyó el sistema solidario de pensiones (excepto para las fuerzas armadas), se crearon las Isapres y se dictó el DFL 1 que dio origen a universidades privadas, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). Para que esta reforma surtiera los efectos esperados, es decir, la transformación de la educación desde un derecho social a un bien de consumo, se despojó de la exclusividad universitaria a 48 de las carreras que se dictaban en esos momentos en las universidades y para estimular aún más el “negocio” de la educación superior, no se prohibió el lucro en los CFT e I.P.
Los resultados globales de esta política neoliberal alcanzaron rápidamente los objetivos trazados por los ideólogos del gobierno militar. Primero, la aparición de las carreras de pedagogía en institutos profesionales y progresivamente el ingreso de las otras que fueron dejadas a la suerte del mercado. A poco andar, el desastre generado por los Institutos Profesionales en la formación de los profesores llevo a la restitución del carácter de exclusividad universitaria para esta profesión y a la posterior necesidad de garantizar la calidad de los programas universitarios mediante la acreditación obligatoria antes de comenzar a dictar la carrera. Lo mismo ocurrió con la carrera de medicina, que hizo exigible no solo la acreditación obligatoria, sino que además la rendición de un examen nacional, el EUNACOM, que se ha constituido en una suerte de examen de habilitación profesional. Todo esto ha sucedido luego que los legisladores han constatado que la salud y la educación no pueden quedar libres frente a las leyes del mercado.
Por estas mismas razones, los colegios profesionales de la salud nos hemos comprometido a luchar por la restitución de la exclusividad universitaria para todas nuestras carreras, enfatizando que no lo hacemos desde la perspectiva de la exclusión o del menosprecio a quienes estudian en un Instituto Profesional, sino que desde una posición contraria a la generación de profesionales de la salud con distintas competencias. Esto avalado por la experiencia de quienes han egresado de un Instituto Profesional y que no puede optar a las mismas condiciones salariales y laborales que un egresado de una Universidad, a pesar de que en teoría, ambos debieran poseer los mismos conocimientos y desempeñar la mismas labores.
Por otro lado, estamos conscientes que la restitución de la exclusividad universitaria no asegura en sí misma una formación profesional de calidad, razón por lo que además estamos solicitando la acreditación obligatoria de todas las carreras de salud antes de comenzar a dictarlas. Conocemos los problemas de acceso a campos clínicos, ausencia de infraestructura e incluso de profesores calificados que hoy afectan a las distintas carreras de salud dictadas en universidades del país y creemos que se requiere, con sentido de urgencia, de un marco regulatorio que garantice la calidad de la formación profesional.
Los colegios profesionales de la salud solicitamos a la Presidenta Michelle Bachelet y a nuestros parlamentarios entregar una señal clara, que apunte en la dirección de garantizar una formación profesional de la más alta calidad, libre de las distorsiones que genera el lucro en la educación superior. No queremos diferente formación entre profesionales para la atención de las necesidades sanitarias de nuestros compatriotas, es el momento de la “exclusividad universitaria para todas las carreras de la salud”
Nos lo demanda la salud de todos los chilenos, la salud del país, que no puede permitir el declive de los indicadores de salud que siempre nos han hecho sentir orgullosos y satisfechos por la misión cumplida y el amor a cada una de nuestras profesiones. Nos lo demanda la fe pública, pues no podemos ocultar a la población que la calidad de la atención en salud está en riesgo y esto constituye una situación demasiado importante para dejarla al arbitrio del mercado.
Bajo este modelo se entregó a las municipalidades la gestión de la educación pública, se destruyó el sistema solidario de pensiones (excepto para las fuerzas armadas), se crearon las Isapres y se dictó el DFL 1 que dio origen a universidades privadas, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). Para que esta reforma surtiera los efectos esperados, es decir, la transformación de la educación desde un derecho social a un bien de consumo, se despojó de la exclusividad universitaria a 48 de las carreras que se dictaban en esos momentos en las universidades y para estimular aún más el “negocio” de la educación superior, no se prohibió el lucro en los CFT e I.P.
Los resultados globales de esta política neoliberal alcanzaron rápidamente los objetivos trazados por los ideólogos del gobierno militar. Primero, la aparición de las carreras de pedagogía en institutos profesionales y progresivamente el ingreso de las otras que fueron dejadas a la suerte del mercado. A poco andar, el desastre generado por los Institutos Profesionales en la formación de los profesores llevo a la restitución del carácter de exclusividad universitaria para esta profesión y a la posterior necesidad de garantizar la calidad de los programas universitarios mediante la acreditación obligatoria antes de comenzar a dictar la carrera. Lo mismo ocurrió con la carrera de medicina, que hizo exigible no solo la acreditación obligatoria, sino que además la rendición de un examen nacional, el EUNACOM, que se ha constituido en una suerte de examen de habilitación profesional. Todo esto ha sucedido luego que los legisladores han constatado que la salud y la educación no pueden quedar libres frente a las leyes del mercado.
Por estas mismas razones, los colegios profesionales de la salud nos hemos comprometido a luchar por la restitución de la exclusividad universitaria para todas nuestras carreras, enfatizando que no lo hacemos desde la perspectiva de la exclusión o del menosprecio a quienes estudian en un Instituto Profesional, sino que desde una posición contraria a la generación de profesionales de la salud con distintas competencias. Esto avalado por la experiencia de quienes han egresado de un Instituto Profesional y que no puede optar a las mismas condiciones salariales y laborales que un egresado de una Universidad, a pesar de que en teoría, ambos debieran poseer los mismos conocimientos y desempeñar la mismas labores.
Por otro lado, estamos conscientes que la restitución de la exclusividad universitaria no asegura en sí misma una formación profesional de calidad, razón por lo que además estamos solicitando la acreditación obligatoria de todas las carreras de salud antes de comenzar a dictarlas. Conocemos los problemas de acceso a campos clínicos, ausencia de infraestructura e incluso de profesores calificados que hoy afectan a las distintas carreras de salud dictadas en universidades del país y creemos que se requiere, con sentido de urgencia, de un marco regulatorio que garantice la calidad de la formación profesional.
Los colegios profesionales de la salud solicitamos a la Presidenta Michelle Bachelet y a nuestros parlamentarios entregar una señal clara, que apunte en la dirección de garantizar una formación profesional de la más alta calidad, libre de las distorsiones que genera el lucro en la educación superior. No queremos diferente formación entre profesionales para la atención de las necesidades sanitarias de nuestros compatriotas, es el momento de la “exclusividad universitaria para todas las carreras de la salud”
Nos lo demanda la salud de todos los chilenos, la salud del país, que no puede permitir el declive de los indicadores de salud que siempre nos han hecho sentir orgullosos y satisfechos por la misión cumplida y el amor a cada una de nuestras profesiones. Nos lo demanda la fe pública, pues no podemos ocultar a la población que la calidad de la atención en salud está en riesgo y esto constituye una situación demasiado importante para dejarla al arbitrio del mercado.
(Viva Chile. Vivan los profesionales).